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Comunicado en el marco de la crisis política, económica y social del país

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Última actualización el miércoles, 04 mayo 2016 21:38

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República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Consejo Universitario

COMUNICADO

El Consejo Universitario, reunido en sesión extraordinaria el jueves 28 de abril de 2016 y en la sesión ordinaria el miércoles 04-05-2016, para analizar la problemática universitaria ante los acontecimientos regionales ocurridos en el marco de la crisis política, económica y social del país, acordó publicar el siguiente comunicado.

Considerando

Que la actual crisis que vive el país, caracterizada por el incremento desmesurado e incontrolable del índice de inflación, el desabastecimiento fundamentalmente en el sector agroalimentario y de salud, la caída de los precios del petróleo, y la inseguridad, entre otros, exige a las Universidades como instituciones al servicio de la Nación colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra que el Estado tiene como fines esenciales, el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes en ella establecidos. La educación y el trabajo constituyen procesos fundamentales para alcanzar estos fines. En tal sentido, la Universidad como institución al servicio del país, impulsa el desarrollo laboral continuo, científico, tecnológico y humanista, proponiendo nuevos caminos de progreso que demanda con urgencia nuestra nación; en efecto toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar.

Que según el texto constitucional, toda persona tiene derecho a una vivienda con servicios básicos esenciales dentro de un hábitat que humanice las relaciones comunitarias. Contrario a ello, la actual crisis en la prestación de estos servicios, en particular el suministro eléctrico, y el abastecimiento de agua potable, dificultan el normal funcionamiento de la vida familiar e institucional en nuestra región.

Que la salud es un derecho social fundamental constitucionalmente garantizado por el Estado como parte del derecho a la vida. Así mismo, garantiza que el Estado promoverá y desarrollará nuevas políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios como parte del derecho a la protección de la salud. Frente a este mandato, se evidencia en los últimos años el deterioro progresivo del sistema nacional y regional de salud, caracterizado por la deficiencia en el acceso y recepción de atención en los centros asistenciales, en la grave escasez de medicamentos, así como en el desabastecimiento de insumos y equipos médicos odontológicos; todos necesarios para atender la salud integral de la población.

Que la Carta Magna consagra la garantía que el Estado deberá ofrecer en cuanto a la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. Sobre el respecto, la falta de producción de alimentos y artículos de primera necesidad en general, hoy día se constituye en un problema de interés nacional, como consecuencia del declive paulatino del aparato productivo. El desabastecimiento de alimentos y otros artículos de primera necesidad, aunado a la excesiva cantidad de horas dedicadas a hacer colas para intentar conseguirlos, impactan negativamente en el desenvolvimiento normal de los ciudadanos tanto en su ámbito laboral como familiar.

Que tal como lo reza nuestra Carta Magna, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, el cual debería ser periódicamente ajustado por el Estado tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.

Que es de conocimiento público que, para lograr una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, el presupuesto asignado a las Universidades venezolanas para su funcionamiento y el pago de sueldos y salarios resulta inferior a sus necesidades reales. Esto impacta negativamente en el nivel de vida de los miembros de la comunidad universitaria, en el desarrollo de una academia de calidad y con pertinencia, en la progresividad en la mejora de providencias y transporte estudiantil, en el mantenimiento oportuno y preventivo de la infraestructura institucional, en la actualización tecnológica de equipos de laboratorios, así como en la dotación permanente de insumos, entre otros.

Que el recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; no podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia. Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando éstos formen parte del patrimonio de la Universidad.

Acuerda

1. Ratificar la voluntad de la comunidad universitaria en pleno, de poner a disposición su capital intelectual, para su participación en equipos de trabajo especializados en las áreas de desarrollo estratégico relacionadas con los principales problemas nacionales, en aras de apoyar su solución.
2. Exhortar al Ejecutivo Nacional a la búsqueda de alternativas distintas a la reducción de jornadas laborales y a la afectación del derecho al trabajo, que contribuyan a superar las principales dificultades que aquejan a la población venezolana, no solo de manera coyuntural sino de forma sostenida hacia el desarrollo integral del país. 
3. Rechazar la imprevisión en el desarrollo de la infraestructura funcional del país y las medidas de racionamiento improvisado de servicios básicos y en forma desigual. Estas acciones desmejoran sustancialmente la calidad de vida y bienestar social de la mayor parte de la población venezolana. 
4. Exigir al Ejecutivo Nacional la adopción inmediata de medidas en materia de salud, que permitan el acceso oportuno y suficiente a medicamentos, insumos y equipos médicos odontológicos, tanto a los centros asistenciales como a la población en general.
5. Hacer un llamado a fortalecer las alianzas estratégicas entre instituciones universitarias, sector agroalimentario y de manufacturas, gobierno nacional y regional, orientadas a revertir el deterioro en la producción nacional de los bienes y servicios de primera necesidad.
6. Exigir la revisión y actualización inmediata de la estructura presupuestaria universitaria, incluyendo sueldos y salarios, fondos de funcionamiento y providencias estudiantiles, con el fin de recuperar y progresar en los estándares de calidad de la institución y de su comunidad universitaria. 
7. Reiterar el llamado a las autoridades nacionales y regionales, para la reactivación del plan nacional de seguridad en los principales accesos de los Núcleos que conforman la Universidad del Zulia, en el marco de la aprobación de la declaratoria de emergencia en seguridad.
8. Reiterar el llamado a diálogo interno y externo, en el marco de los principios y valores de la institución, rechazando cualquier tipo de hechos de violencia que vulneren los derechos humanos y la autonomía universitaria.
9. Adoptar las siguientes medidas:

a. Mantener la Universidad abierta, en actividad académica y administrativa, siempre y cuando las condiciones externas e internas así lo permitan.
b. Reconocer las dificultades transitorias existentes en los miembros de la comunidad universitaria, para el cumplimiento estricto de sus obligaciones académicas y administrativas.
c. Suspender temporalmente las evaluaciones, cuando las condiciones no estén dadas.

Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en Maracaibo a los cuatro días del mes de Mayo de dos mil dieciséis.